Al asesinato del campesino Arbey Urrego, el pasado 7 de abril, cuando era trasladado desde el municipio de Ituango a una entidad de atención de mayor complejidad, se suma hoy las amenazas contra el director científico del Hospital San Juan de Dios de la localidad, Diego Alejandro Calle.

 

“Bajo ninguna circunstancia aceptamos ese tipo de amenazas. Creemos que la sociedad en pleno debe acompañar a las autoridades para proteger a las instituciones y a las personas que velan por la salud de las comunidades”, afirmó la Secretaria seccional de salud Luz María Agudelo Suárez.

 

Explica la secretaria que todo parece corresponderse a un mal entendido, porque el doctor en sus declaraciones lo que básicamente dijo que eran ciertos los hechos del asesinato a una persona que era trasladada en la ambulancia del hospital para su atención en una entidad de mayor complejidad, y por eso fue amenazado por “supuestamente estar señalando actores”.

 

A estos hechos se suma el traslado por amenazas de personal sanitario de los municipios de Andes, Cocorná y Guarne. Otro caso más se presentó en la localidad de Nariño, en el que el servidor de salud objeto de amenazas las desestimó y tomó la decisión de asumir los riesgos que se le puedan presentar por quedarse.

 

Estas acciones ponen en evidencia que no hay ningún respeto a quienes prestan la ayuda humanitaria, a quienes se ocupan por la salud de las personas y por mantener la vida como un valor fundamental y algo que debe ser necesario en toda sociedad, a pesar de la diferencia de los intereses y de divergencias de opinión y que es inadmisible es que se atente contra la vida de una persona en una ambulancia, sentencia la secretaria Agudelo Suárez.

 

También hizo referencia frente a los funcionarios de salud que cumplen con su función de velar por las condiciones sanitarias adecuadas de los establecimientos abiertos al público como carnicerías, o servicios de producción, comercialización y transporte de alimentos que tienen que ser vigilados para que cumplan con las condiciones de idoneidad para que no pongan en riesgo la salud de la población, quienes están siendo amenazados por cumplir con su función.

 

“Y esta función se hace en beneficio de toda la comunidad. Cuando se decomisan alimentos que no cumplen con los requerimientos, estamos protegiendo la salud de los ciudadanos que los van a consumir. Y estos funcionarios están siendo amenazados por proteger la salud de los ciudadanos. Queremos hacer un llamado a la comunidad para que los acompañen, protejan sus instituciones y su derecho a recibir servicios de salud” , concluye la Luz María Agudelo.

 

 

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Medellín, 2 de mayo de 2014